Comité Internacional de Derechos del Niño recomendó cierre de Colonia Berro

El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se reunirá esta tarde de jueves con autoridades del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ), de la Colonia Berro y del sindicato de trabajadores, para analizar el crítico informe que elaboró sobre ese establecimiento la filial Uruguay del Comité Internacional de los Derechos del Niño.

El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se reunirá esta tarde con autoridades del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ), de la Colonia Berro y del sindicato de trabajadores, para analizar el crítico informe que elaboró sobre ese establecimiento la filial Uruguay del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Este documento, que es presentado oficialmente este mediodía y que fue adelantado ayer a los medios de comunicación, establece como principal recomendación el cierre de la Colonia Berro, en particular de los hogares SER y Piedras, en los que se aloja a los menores de mayor peligrosidad. Entre otros aspectos, el Comité denuncia graves violaciones a los derechos humanos de los menores que están internados con medidas de seguridad dispuestas por la Justicia, y una participación y responsabilidad preponderante de los funcionarios en este tipo de prácticas. Antes estas acusaciones y como primera respuesta al documento, el presidente del sindicato de trabajadores del INAU, Joselo López, adelantó  que se solicitó una reunión grave y urgente al Directorio y a las autoridades del INTERJ, que se concretará a última hora de la tarde del jueves. Desde hace diez años, el Comité realiza un monitoreo a las cárceles de adolescentes para conocer de cerca las condiciones en que se desarrolla la aplicación de sanciones privativas de libertad en Uruguay. En esta oportunidad reclamó el cierre de la Colonia Berro y reiteró la necesidad de tener en cuenta las Observaciones formuladas por dicho Comité y la implementación de las recomendaciones de la Organización Mundial contra la Tortura realizadas en el año 2003, la mayoría de las cuales todavía sigue pendiente. Según el informe del Comité, la Colonia Berro ha fracasado como propuesta para atender la realidad de los adolescentes infractores. Estas recomendaciones se fundamentan en diversas comprobaciones realizadas en la visita realizada el 26 de octubre del año pasado por una delegación del grupo junto a Rosa María Ortiz, integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Entre las comprobaciones y datos obtenidos por los representantes del Comité, se destaca que: Las condiciones materiales de las cárceles SER y Piedras son totalmente inadecuadas para albergar a adolescentes. Se observa un esquema que privilegia lo custodial por sobre lo educativo: existencia de rejas y mecanismos que hacen del adolescente una persona dependiente del adulto hasta para realizar sus necesidades fisiológicas. Las habitaciones son celdas donde pasan la mayor parte del día y el diseño arquitectónico de todo el edificio responde a una estructura carcelaria. Los servicios higiénicos son inadecuados, no existen espacios privados para el aseo personal/individual. En el hogar SER la vida cotidiana de los adolescentes privados de libertad se caracteriza por un encierro en la celda de aproximadamente 23 horas diarias. La utilización del servicio higiénico es demandada por los adolescentes golpeando la puerta de la celda, dependiendo de la disponibilidad y voluntad de los educadores de turno el traslado y acceso a tiempo al servicio. En algunos casos integrantes de equipos técnicos y adolescentes informan que se les entrega una bolsa de nylon para que realicen sus necesidades en la noche dentro de la celda. El doctor Francisco Ottonelli, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y uno de los redactores del informe,declaró que la realidad que pudieron constatar los sorprendió sobremanera. Actualmente en la Colonia Berro están internados unos 250 adolescentes infractores, algunos de los cuales están sometidos a un régimen especial de seguridad como consecuencia de la gravedad de los delitos cometidos. Según Ottonelli, otro aspecto preocupante es la ausencia de lineamientos claros en materia de propuesta socioeducativa, que es la que debería regir la actividad en toda la Colonia. El informe indica además que “no existe una línea de autoridad clara que imponga formas y criterios de trabajo, no existe un respeto por la jerarquía y ésta no ejerce el mando, el desempeño de las tareas es conflictivo y actualmente están enfrentadas la visión de los nuevos técnicos y la dirección con el sindicato que se opone a impulsar los cambios”. La carencia de políticas institucionales intenta ser abordada con la inclusión reciente de técnicos los cuales se ven enfrentados a los funcionarios de contención. Está instaurado un sistema de represalias que determina el amedrentamiento a los técnicos que pretenden una apertura y mejora del trato de los internados. Los funcionarios de contención, sostenidos en los parámetros del sindicato, resisten cualquier modificación que lleve a un acercamiento a la protección y promoción de los DDHH. En la posición del sindicato no se tiene en cuenta el interés superior del niño, ven a los internados como sujetos peligrosos con los cuales hay que tener las máximas precauciones para que cumplan la medida sin tenerlos en cuenta como personas en desarrollo. Por su parte el discurso oficial apunta a negar la existencia de problemas y el carácter carcelario de la institución. Es así que no se habla de cárceles sino de centros de internación u hogares.